Comunicamos en positivo

Ivonne Acuña Cabrera, diputada independiente y miembro de la comisión especial legislativa asegura que será vehemente en sus intervenciones y control político durante la investigación del caso de la UPAD.

Por Ruth Torres Montero

Junio 19,2020

Luego de casi tres meses de estar detenidas las investigaciones relacionadas al caso de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD), la Comisión Especial Legislativa reanudó las audiencias esta semana.

La investigación nace a raíz de creación de la UPAD en el seno de Casa Presidencial. Esta unidad funcionaba desde el año 2018 y se hizo de conocimiento público en el mes de febrero del presente año con su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Ante la seriedad de las denuncias presentadas a la Fiscalía, se da paso a una serie de investigaciones con el objetivo de determinar si la unidad tuvo o no acceso a datos sensibles de la población y cuál fue el uso que se les dio.

Producto de esto, se ejecutaron 10 allanamientos entre los que figura como uno de los más importantes el realizado a la Casa Presidencial y el cual marca un hito en la historia de nuestro país. La diputada independiente, Ivonne Acuña, integrante de la comisión especial que investiga este caso, se refirió a la comparecencia de la Defensora de los Habitantes.

¿Cuándo se encienden las alertas que generan las investigaciones relacionadas a este caso?

El decreto fue firmado el año pasado por el presidente de la república Carlos Alvarado y quién estaba como el ministro de la presidencia Víctor Morales, pero fue publicado hasta febrero de este año. Ahí es donde nos damos cuenta de la creación y la existencia de esta unidad que definitivamente levanta todas las alarmas pues violenta los derechos constitucionales más importantes de los costarricenses.

Hasta donde tenemos entendido desde el 2018 se les estaba brindando información a Casa Presidencial sin discreción alguna por parte del IMAS y otras instituciones.

¿Tuvo acceso la UPAD a datos sensibles de la población?

Sí, inclusive el decreto estipula que lo pueden hacer sin discreción. Es decir, que a demanda de Casa Presidencial se podía tener acceso a todo tipo de información de cualquier costarricense.

¿Existe la posibilidad de que algunos de esos datos inclusive se hubiesen usado para campaña política?

Bueno, yo quisiera creer que no. En la comisión la semana pasada tuvimos la comparecencia de la Defensora de los Habitantes la cual ha sido bastante polémica y deja muchas dudas respecto al manejo que la Defensoría le ha dado a la información que recolectó en Casa Presidencial.

Pero más allá de eso, nos da un dato muy revelador y este nos dice que el embajador actual de Costa Rica en Guatemala, le hizo una llamada a la Defensora para hacerle saber que no estaba de acuerdo con el informe que la Defensoría de los Habitantes había emitido. Hay un dato muy curioso y es que este mismo embajador fue Presidente Ejecutivo del IMAS (Instituto Mixto de ayuda social), durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís y durante la campaña del señor Carlos Alvarado.

A mí me surgen muchas dudas y muchas preguntas sobre si durante ese tiempo que él fue presidente de la institución, también se le suministraban datos de Sinirube (Sistema Único de Beneficiarios del Estado) a Casa Presidencial y si esos datos fueron utilizados específicamente para la campaña del Gobierno PAC, en ese momento con el señor Carlos Alvarado como candidato.

¿Queda claro para ustedes el contenido del informe?

Para mí el informe de la Defensoría de los Habitantes tiene ciertos bemoles y tonos grises en virtud de que hay 8 borradores de ese informe, algunos nombres de personas involucradas fueron removidos, desde el primer borrador hasta el último el cual presentan a inicios de este año.

Eso es bastante preocupante y fue una de las preguntas que le hicimos a la Defensora en su momento: ¿por qué remueve ella nombres de los primeros informes, de los primeros borradores? A lo que ella responde que era irrelevante la identidad de la persona en ese momento, por tanto, solo se mantiene el título del jerarca y no el nombre; es parte de lo que estamos tratando de investigar.

La señora Defensora no solamente recibe esta llamada por parte del embajador en Guatemala, sino que también recibe una visita, según dice ella, inesperada de un miembro de la Dirección de inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), un funcionario de Casa Presidencial.

Con respecto a las pruebas obtenidas por la defensoría y la pérdida del audio que contenía las entrevistas realizadas a personeros de casa presidencial ¿Qué paso con el audio en cuestión?

Si usted hace mención de algo muy importante, no solamente se pierde parte del audio sino la parte especifica de las entrevistas realizadas al presidente Carlos Alvarado y al señor Víctor Morales, en ese entonces el ministro de la presidencia. Genera gran preocupación saber que es específicamente ese extracto de la grabación el que se pierde.

¿Cómo se pierde un extracto de una grabación? ¿Por qué no se perdió la totalidad de la grabación? ¿Por qué solamente la parte donde habla el señor Presidente y el señor Víctor Morales? Son algunas de las preguntas que también nos planteamos los miembros de la comisión.

¿Qué paso con el protocolo en la cadena de custodia de dichas pruebas?

Según indicó la Sra, Crespo se está creando, me parece que no existían los protocolos. Es decir, la Defensoría de los Habitantes por oficio puede realizar una investigación en cualquiera de las instituciones del Estado, pero no cuenta con un protocolo como debería ser para recabar la información y resguardarla.

¿Está en capacidad actualmente la Defensoría de los Habitantes de asegurar la protección de nuestros datos?

Es una pregunta que también le planteamos a la sra. Crespo y es ¿en calidad de representante de la Defensoría de los Habitantes, podría asegurarnos que la información sensible de los costarricenses está resguardada?

La respuesta de ella fue no, un contundente no. La Defensoría de los Habitantes no puede asegurarnos que su información y mi información sensible esté siendo resguardada como debería, como lo estipula nuestra Constitución Política y el derecho a la intimidad.

Esto es algo sumamente delicado, quiere decir que inclusive las llamadas que nosotros hacemos, las conversaciones que tenemos en nuestros teléfonos podrían ser escuchadas, es un extremo por supuesto, pero el uso que se les dio a los datos obtenidos por la UPAD es una prioridad para esta comisión. Puedo asegurarle a los costarricenses que de mi parte estaré ahí presente, siendo vehemente en mis intervenciones, en los controles políticos y pidiendo las explicaciones del caso ante la creación de esta unidad.