Comentario
Por Ruth Torres Montero
La discusión de los recortes planteados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021, por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), continua en la mesa. Dicho recorte afecta de una forma directa al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). Esto significa prácticamente el cierre técnico de la Biblioteca Nacional y más de 60 bibliotecas públicas. “No podemos tener discusiones de presupuesto que partan de simplemente dejar a las instituciones desprovistas de la posibilidad de cumplir su papel de llevar desarrollo al país”, comentó Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana.
Es de carácter urgente que el legislativo analice otras opciones para el recorte presupuestario y proceda a definir que es mejor para el país, si realizar el saneamiento radical de las finanzas públicas, implementando políticas hacendarias progresivas y trasparentes o fortalecer el estado de desigualdad social impidiendo el derecho a la información y a la participación en actividades de extensión bibliotecaria. Lovania Garmendia Bonilla, Directora General del Sistema Nacional de Bibliotecas, recalcó: “Si una biblioteca se cierra, se cierran todos los programas que benefician a esa comunidad. Esto simboliza una pérdida irreparable”.
Lo que para muchos es un gasto superfluo, para esta institución es el sostén de sus funciones ya que el recorte obligaría a eliminar gastos operativos como el pago de energía eléctrica, seguridad y fumigación, lo cual no permitiría contar con instalaciones aptas para prestar los servicios bibliotecarios. Bonilla se cuestiona que va a pasar con el Bibliobús, que gira por zonas donde no hay bibliotecas y regiones indígenas, dijo: “Este tampoco tendría posibilidad de moverse por el país, simplemente no habría dinero para la gasolina”.
Sumado a ello, no se ha considerado el mantenimiento de los 17 edificios. Si a una biblioteca no se le da mantenimiento obviamente esta se va deteriorando. Sus instalaciones dejan de ser un lugar apropiado para los miembros de la comunidad y terminará cerrando sus puertas. Se perderían las alianzas estratégicas establecidas con los Gobiernos Locales y las Asociaciones de Desarrollo, como dijo la Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, “Las bibliotecas se verían obligadas a reducir o eliminar sus servicios”.
Se insta al legislativo a analizar otro tema sensible y que está relacionado a las licencias de software. Actualmente existe información cargada en el software de gestión bibliotecaria que permite el uso en línea de archivos y colecciones patrimoniales de la Biblioteca Digital Patrimonial del país. A este portal tienen acceso no solamente los y las costarricenses, sino otras personas de todo el mundo. El uso del software y el acceso a internet es algo de lo cual no se puede prescindir. Así lo indicó la directora del SINABI, “No contar con un presupuesto para el tema de digitalización o el hospedaje del portal pone en riesgo la preservación de este patrimonio”.
Además, es necesario considerar los datos aportados por Óscar Rodríguez Ugalde, director de la Biblioteca Pública de Hatillo, señalan que estos recortes implican: el cierre de siete programas de promoción del gusto por la lectura, proyectos para la niñez, jóvenes, adultos y adultos mayores; charlas, programas de extensión cultural, protección patrimonial, programas de voluntariado, la biblioteca virtual, la biblioteca móvil, el bibliobús, exposiciones, colecciones de libros a texto completo y la promoción de autores nacionales, solo para mencionar algunos de los proyectos que desaparecerán.
No debe negarse a las comunidades la oportunidad de continuar con los servicios que se le venían dando. Como señala Rodríguez, las bibliotecas no son un lujo, tampoco son exclusivas para un grupo específico de altos estratos sociales. En nuestro país, históricamente estos servicios han estado muy enfocados hacia el beneficio de comunidades que no tienen mayores posibilidades, comunidades en riesgo social y a la población más vulnerable.
Tampoco se puede ignorar las declaraciones emitidas por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, quienes, mediante un comunicado de prensa, dieron a conocer su posición al respecto. Indicando, que esta, es una violación a los derechos de las y los costarricenses “Estas mociones presentadas lesionan los derechos de la ciudadanía a contar con servicios culturales, de información y conocimiento, respaldados en la Constitución Política».
Para refrescar la memoria de quienes tienen a cargo la toma de esta decisión: El año 2021 ha sido declarado como “El año Internacional de las Bibliotecas”, se debería razonar cómo impacta esto la imagen de Costa Rica a nivel internacional. “No podemos olvidar que la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a brindar el soporte necesario y comprometerse activamente en los procesos del desarrollo de las bibliotecas públicas”, concluyó Rodríguez.
En este momento se entiende el contexto en que se encuentra el país y la necesidad de atender la emergencia en el tema del déficit fiscal. Pero también, es claro que existen otras alternativas. La situación es muy seria, el sentido común dicta que debe existir un estudio detallado del impacto y la magnitud que se tendrá como resultado antes de tomar esta decisión. Y como lo dijo la Ministra de Cultura, “No podemos dejar pasar el hecho de que la aprobación del eventual recorte presupuestario, también, atenta contra el acervo bibliográfico que resguardan las bibliotecas públicas”.
Fotografía, cortesía de SINABI
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